La democracia habla de representatividad, participación e inclusión. Sin embargo, la democracia retrocede y se convierte en un elemento de poder para marginar al ciudadano común. Nadie es políticamente correcto, ya sea por nacimiento o por defecto. Colombia es un país que tiene aproximadamente tres millones y medio de desplazados, promediando entre cifras oficiales y de ONG’s; unos cinco millones de homosexuales, medio millón de personas que viven con VIH, diagnosticados, cuatro millones de desempleados, sin contar el subempleo, un 60% de colombianos viviendo en la pobreza…. El Congreso emite leyes para castigar la infidelidad, como si este fuera además de para-estado un estado clerical. Se escriben leyes para “castigar” a los parapolíticos con guante de seda, para atraer inversión extranjera…, entre cientos de kilos de papel untados de tinta. Válidos, pero no suficientes ni prioritarios. La comunidad homosexual sigue marginada después de arduos debates; los índices de VIH siguen creciendo y Colombia sigue sin una política clara de prevención. El desplazamiento no se detiene, y como si fuera poco los desplazados deben cumplir unos requisitos complejos y casi imposibles para demostrar su condición y recibir ayuda.
No hablo de las miles de víctimas de la violencia que no necesariamente son desplazados, ni de las poblaciones flotantes, producto del negocio de la coca. Tampoco de las poblaciones rurales que no cuentan con salud y para los que la pensión es una idea risible.
A la luz de estos datos surge la pregunta ¿acá para quién Gobiernan? La respuesta es suya.
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